El Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València vive uno de los episodios más tensos de su historia reciente. Cuatro ex Maestros Mayores —Pablo Jesús Ovejero, José Latorre, José Ramón Espuig y Francisco Pellicer, que suman entre todos veintiocho años al frente de la institución— firmaron el pasado 13 de agosto un manifiesto conjunto (que se dio a conocer ayer) en el que ponen en duda la gestión económica y estatutaria del actual Mestre Major, Vicente Julián García, y de lo que califican de «inexistente Junta Directiva». La respuesta no se hizo esperar: García publicó dos horas y media después un comunicado en el que rechaza «clara y contundentemente» las acusaciones y devuelve el golpe advirtiendo de que sus antecesores han difundido «datos económicos confidenciales» que ni siquiera la propia directiva conocía.
Lo que dice el manifiesto de los ex Mestres
En su escrito, los cuatro firmantes sostienen que llevan tiempo solicitando explicaciones sin obtener respuesta, pese a haber recurrido reiteradamente al registro de entrada del Gremio. Denuncian además que las Asambleas Generales se convocan sin actas previamente leídas ni aprobadas —lo que, según ellos, viciaría de ilegalidad los acuerdos y nombramientos adoptados en ellas— y acusan al actual Mestre Major de modificar artículos de los estatutos gremiales sin el visto bueno de la Asamblea.
El punto más grave del documento tiene nombre y cifra propios: los 200.000 euros de subvención que la Diputación de Valencia concedió al Gremio en 2025 para la elaboración de ninots por parte de talleres agremiados ubicados en zonas afectadas por la DANA. Según el manifiesto, el incumplimiento del convenio firmado con la institución provincial habría generado un perjuicio económico de 122.080 euros, derivado de una cesión de crédito con una entidad bancaria que —afirman— nunca pasó por Asamblea General. Los ex Mestres van más allá y aseguran que ni los propios agremiados ni los beneficiarios de la subvención han recibido explicación alguna al respecto.
La respuesta del Mestre Major
Vicente Julián García no tardó en salir al paso. En su comunicado, defiende que los agremiados están informados «puntualmente» por correo interno de cada movimiento y remite a la última asamblea económica, celebrada el 25 de junio y aprobada por mayoría, como prueba de transparencia. Sobre la subvención de la Diputación, su versión introduce un matiz relevante: a día de hoy, sostiene, la institución provincial ni siquiera ha resuelto la concesión definitiva de la ayuda vinculada a la exposición sobre la DANA celebrada en diciembre, pese al recurso presentado por el Gremio en julio. En otras palabras, mientras los ex Mestres hablan de un perjuicio ya consumado, el actual responsable habla de un expediente todavía abierto y sin resolver por parte de la corporación provincial.
García reserva su reproche más duro para el origen de la información: se pregunta cómo han podido los firmantes acceder a datos económicos confidenciales que, según él, no han sido publicados ni siquiera en el Boletín Oficial de la Provincia. Cierra su comunicado invitando tanto a los cuatro ex Mestres como al resto de agremiados a participar en las asambleas donde, asegura, se pone en común «toda la información que nos incumbe como gremio».
Una crisis sin precedentes, librada en público
Lo verdaderamente inédito de este episodio no es tanto el contenido del enfrentamiento —los roces internos entre juntas salientes y entrantes no son ajenos a ninguna entidad gremial— sino su forma: la disputa ha salido del ámbito interno del Gremio para dirimirse a golpe de comunicado público, con acusaciones cruzadas de ilegalidad, opacidad y filtración de datos confidenciales. Es la primera vez que cuatro ex responsables de la institución se unen para cuestionar en bloque, y por escrito, la gestión de quien les sucedió.
Esa misma publicidad ha generado ya sus propias voces críticas dentro del colectivo de artistas, que reclaman que los trapos sucios —como reza el dicho— se laven en casa: que las discrepancias, por legítimas que sean, se resuelvan en el marco de la Asamblea General y no en un cruce de comunicados que expone ante la opinión pública las costuras de una institución que representa el oficio de los artistas falleros, uno de los pilares creativos de la Fiesta y que, desde luego, no atraviesa sus mejores horas.
Qué está en juego para las Fallas
Más allá del choque personal entre las partes, el trasfondo tiene alcance colectivo. El Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València agrupa a los talleres responsables de construir buena parte de los monumentos que cada marzo definen el paisaje de la ciudad, y actúa como interlocutor del sector ante instituciones como el Ayuntamiento o la Diputación. Una crisis de confianza prolongada, sumada a la incertidumbre sobre una subvención pública todavía sin resolver, no es un asunto menor para un colectivo cuya actividad depende en buena medida de la relación institucional y de la credibilidad con la que negocia ayudas, convenios y encargos.
Si la disputa se enquista, el riesgo no es solo de imagen: una institución dividida y bajo sospecha de falta de transparencia llega en peor posición a la negociación de futuros convenios y subvenciones, en un momento en que buena parte del tejido artesano fallero afectado por la DANA sigue pendiente, según ambas partes coinciden, de una resolución que aún no ha llegado.
Ni el Ayuntamiento de València ni la Diputación Provincial se han pronunciado por el momento sobre el fondo del desencuentro. Todo apunta a que la próxima Asamblea General del Gremio, cuando se convoque, será el escenario donde de verdad se libre esta disputa.
